La víctima percibe una compensación de 300.000 euros por la vía alternativa al juicio gracias al proyecto piloto pionero en España

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Junio 2014

Uno de los hijos del matrimonio fallecido en el derrumbe de un muro de contención en la calle Pancho Guerra el 23 de febrero de 2006 ha cobrado 300.000 euros del Ayuntamiento capitalino como indemnización por los daños físicos y morales causados a su familia, a través de un acuerdo de mediación entre ambas partes. Así lo confirmó su abogado Yeray Alvarado-García García ayer en el Colegio de Abogados, después de que el alcalde Juan José Cardona presentara el balance del primer año de funcionamiento de esta figura jurídica como proyecto piloto en España, para resolver contenciosos administrativos de forma más rápida y eficiente entre las partes implicadas, como alternativa al proceso judicial ordinario, que puede prolongarse durante años.

“La media para resolver los casos por mediación está en dos o tres meses”, afirmó Ignacio Díaz de Aguilar Cantero, abogado de la Fundación Valsaín. “Es un instrumento desde todos los puntos de vista beneficioso. Si voluntariamente nos sentamos ambas partes con un mediador, seguramente nos estaríamos ahorrando mucho dinero de una parte y de otra. Por eso debemos animar a todas las administraciones públicas [como el Gobierno autonómico y central] a que no tengamos ningún tipo de temor a utilizarlo más”, explicó ayer el regidor municipal, que estuvo acompañado por César García Otero, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Joaquín Espinosa Boissier, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, e Ignacio Díaz de Aguilar Cantero, abogado de la Fundación Valsaín.

Convenio de mediación

Todos ellos califican como “positivo” el balance del primer año de vida del Convenio Marco de colaboración para la Mediación intrajudicial en la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde 2013 con la firma del Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Valsaín, el Colegio de Abogados, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por una parte existen 20 mediaciones en curso, que tratan en su mayoría sobre responsabilidades patrimoniales de la Administración y expropiaciones y ejecuciones de sentencias que impliquen pagos económicos; y por otra, dos mediaciones ya resueltas con un auto de un juez, necesario para homologarlas, según explicó García Otero. Uno estos casos cerrados es el del derrumbe de Pancho Guerra en 2006, cuyo proceso contencioso administrativo concluyó en julio del 2013, cuando la magistrada Olimpia del Rosario Valenzuela, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3, dictó una sentencia que condenaba al Ayuntamiento capitalino y a las dos empresas constructoras Monromar y Cimentaciones Archipiélago SL a indemnizar con 4,31 millones de euros a las nueve familias que litigaron en 2006. Hubo diez afectadas y una de ellas, a la que pertenece la persona que perdió a sus padres y a su hermano, no reclamó la compensación por aquel entonces. Pero con la sentencia en 2013 a favor de los otros nueve vecinos, se decidió a reclamar mediante una demanda por lo contencioso administrativo, según indicó su letrado, Yeray Alvarado.

“Evidentemente hay una polémica sobre si estaba fuera de plazo o no, porque tiene un año para reclamar desde que se produce el accidente. Mi cliente, que yo representaba, no tenía claro si íbamos a ganar o no, ni tampoco el Ayuntamiento, lo que le empujó a tratar de llegar a un acuerdo de mediación. Este vecino pedía una indemnización de 800.000 euros inicialmente, y al final ha admitido una cantidad en torno a 300.000 euros, siempre que se paguen en unos plazos concretos”, aseguró Alvarado.

Mientras que en el Derecho Civil la mediación está bastante consolidada, en el contencioso administrativo es una idea aún en ciernes en España. “Ahora el proyecto piloto está en los juzgados 2 y 3, y queremos extenderlo a otros y a la Sala de lo Contencioso Administrativo. En Alemania está muy implantado”, indicó García Otero, que subrayó que no todos los casos se pueden someter a mediación, como la concesión de una licencia de obra.

La entrada El hijo de la pareja fallecida en Pancho Guerra se acoge a la mediación se publicó primero en Eva Rancho.

Calahorro Domínguez: “Somos inocentes, fue una guerra a raíz de una trifulca laboral” / Su abogado denuncia su juicio mediático

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Enero 2015

Los propietarios de la residencia Trinidad, que fueron juzgados el pasado octubre por 18 delitos contra la integración moral y un abuso sexual de los ancianos del centro cerrado en 2011, esperaban su sentencia absolutoria, que fue dictada el pasado lunes por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Los hermanos Álvaro y Jesús María Calahorro Domínguez manifestaron que confiaban mucho en la justicia. “Estamos muy contentos, lo esperábamos así, siempre nos hemos considerado inocentes de todo lo imputado y todo esto fue una guerra que se montó dentro de la empresa a partir de una trifulca con una parte de los trabajadores”, subrayaron.

Uno de sus abogados, Ángel Luis Calonge, valoró ayer de forma muy positiva el fallo dictado por la magistrada María Gabriela Ramos, y lo calificó como “éxito total” tanto para él como para el otro letrado de la defensa, Marcos Gabriel Díaz, pues “en la sentencia la jueza vislumbra que todo esto es posiblemente un problema laboral” entre los trabajadores entonces y los propietarios, tras la necesidad de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE).

Calonge: “Mis representados están afectados por el tema y en la absoluta miseria”

Recurso de apelación

La sentencia aún no es firme, pues cabe el recurso de apelación del fiscal en un plazo de 10 días, que sólo serviría, según indicó Calonge, para “expandir en el tiempo la agonía de estas personas” y es “inviable”. El letrado apuntó que los hermanos Calahorro Domínguez sufrieron “un juicio mediático paralelo” mucho antes de que se celebrara la vista oral el pasado 7 de octubre de 2014, y especialmente ya desde mayo de 2011, cuando el caso salió en un programa de Mercedes Milá en Telecinco, donde supuestamente se veía la precariedad de condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias. Después vino la denuncia del Ministerio Fiscal y el cierre del centro decretado por el Juzgado de Instrucción nº 7.

“Mis representados se vieron muy afectados por el tema, que de la noche a la mañana pasaron de ser unas personas que trabajaban en una residencia, no eran ricos ni nada, a la más absoluta miseria, y además a ser considerados como una especie de parias de la sociedad, porque los medios incluso se cebaron con ellos”, explicó Calonge. Al igual que la defensa, tras examinar los numerosos testimonios de los testigos, la jueza concluyó que existen “manifiestas contra- dicciones” entre lo que expresaron una parte de los empleados de las residencia y los familiares de los residentes, que aseguraron que no vieron signos de maltrato, de desnutrición en ellos ni tampoco gran suciedad en las instalaciones. Tampoco hubo pruebas de cargo que demostraran que los dueños cometieron abusos sexuales.

La prueba pericial fue otro factor determinante en la decisión final de la jueza. La médico forense, Eva Bajo, y dos doctores del Servicio Canario de Salud, Clara María Rodríguez y Andrés Ballesta, coincidieron en que no hubo señales o “indicadores de malos tratos o abusos por acción o por omisión”.

La entrada Los dueños del centro Trinidad esperaban su sentencia absolutoria se publicó primero en Eva Rancho.

El jefe de la unidad afirma que los agentes notaron diferencia con el reportaje televisivo

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Octubre 2014

El agente de la Policía científica que participó en la entrada y registro de la residencia Trinidad a finales de junio de 2011, afirmó ayer, en la sexta y última sesión del juicio contra sus propietarios Jesús María y Álvaro C.D., que fotografió las instalaciones y encontró que “los colchones estaban sucios y había pequeños insectos, hormigas, en varios”, y “un olor un poco fuerte”. En la sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1, el jefe de la unidad de la Policía Judicial, que accedió al centro en aquella fecha con un secretario judicial y 3 ó 4 agentes, declaró: “No vi que las dependencias presentaran una suciedad como para decir ‘guarro o sucio”, y manifestó que el día del registro en el centro “se comentó allí que esto era distinto a cómo aparecía en televisión”, refiriéndose a la grabación con cámara oculta por una periodista del programa Diario de… de Mercedes Milá, emitido en mayo de 2011, donde se mostraba las supuestas irregularidades de la residencia. El juicio queda ahora visto para sentencia.

Conclusiones de las partes

El policía que captó las instantáneas del interior del inmueble en su cierre también retrató la cama de “abajo, a la derecha, que pegaba a la calle” que contenía hormigas, como le recordó Ángel Luis Calonge, uno de los abogados de la defensa, y a la pregunta de este letrado de si había más insectos en alguna cama de la parte de arriba, la respuesta del agente fue negativa. Por su parte, otro de los policías que intervino en el registro e incautación de documentación en la clausura del centro, declaró que uno de los ancianos le afirmó que “¡ya era hora! [de esa actuación policial]”.Entre las conclusiones definitivas formuladas ayer por los letrados de los acusados, Ángel Luis Calonge y Marcos Gabriel Díaz, que piden su absolución, señalaron que el representante del Ministerio Público, Pedro Gimeno, “ha pasado por encima de la prueba más importante, la de la médica forense” que descartó maltrato.

Hace dos semanas Eva Bajo declaró que no vio “nada flagrante” en la exploración que practicó a los 18 ancianos ya en la residencia de San Lorenzo, adonde fueron trasladados tras el cierre de Trinidad, ni en sus historias médicas. La forense no encontró “ningún indicador que sugiriera un estado de deterioro derivado de una insuficiencia de cuidados básicos de salud, alimentación u otros”. Por su parte, el fiscal afirmó que “no se ha podido acreditar esa relación causa-efecto”, porque de lo contrario hubiera acusado a los dueños de “homicidio imprudente”, en lugar de 18 delitos contra la integridad moral, pero sí aseguró que “la calidad de vida” de los residentes “hubiera mejorado notablemente” si los dueños hubieran velado por sus cuidados básicos. Gimeno apuntó que los acusados permitieron “cuotas de infrahumanidad en atención médica y de alimentación, que merece el reproche penal del artículo 173.1”, y pidió a la jueza “una am- plitud de miras” en la aplicación de la ley. La defensa alegó que los familiares de los internos negaron que hubiera trato degradante, unos testimonios que el fiscal rebatió con el argumento de que si ellos mismos lo hubieran admitido, se habrían “autoculpabilizado”.

Respecto a los supuestos abusos sexuales de los dueños hacia la residente Juana T., Gimeno sostuvo que “se aprovecharon de su demencia y tuvieron comportamientos de naturaleza sexual”. La defensa calificó las declaraciones de dos testigos que supuestamente vieron los hechos como “poco fiables” por las “continuas contradicciones” sobre el lugar y la forma de los actos.

La entrada La policía científica fotografió en Trinidad varios colchones “sucios y con hormigas” se publicó primero en Eva Rancho.

El fiscal revela que no constan facturas de pedidos de lancetas para los glucómetros desde 2009, ni de colchones desde 2007

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Octubre 2014

Los gerentes de dos empresas que proveían a la residencia Trinidad de productos de higiene personal, glucómetros, tensiómetros, sillas de ruedas y camas geriátricas aseguraron ayer, en la 5ª sesión del juicio contra sus dueños, que el suministro de material era “regular y suficiente” para los internos y que consideraron que la limpieza de las instalaciones era “normal”. Por su parte, el fiscal señaló que dentro de las facturas aportadas por la defensa no constan lancetas (especie de punta fina) para controlar la glucosa en sangre de los ancianos desde 2009 ni de colchones desde 2007. En la sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1, también testificaron ayer otras seis personas, como tres familiares directos de algunos residentes, una auxiliar de geriatría, un trabajador de carpintería y aluminio, y un vecino de la zona que era voluntario en el centro, clausurado en 2011.

“La cantidad de bolígrafos [de insulina] era suficiente, a la residencia vendíamos medidores [de glucosa] y un bolígrafo por cada paciente porque tenía que ser así”, afirmó Manuel R. D., gerente de una de las empresas proveedoras, que aseguró que en 2011 la dirección de la residencia realizó pedidos de nuevos inyectores de insulina “con frecuencia”, para reemplazar los aparatos si algún anciano fallecía, según supuso este empresario. Aunque desconocía el número exacto de residentes, Manuel indicó que el material higiénico y sanitario que vendía al centro era “suficiente para cubrir las necesidades que tenían”, al tiempo que señaló que nunca notó nada extraño como que le dejaran de comprar algún tipo de producto. “Íbamos a demanda, pero lo habitual era una vez al mes”, indicó el proveedor. El representante del Ministerio Público, Pedro Gimeno, apuntó ayer que no constan lancetas para los glucómetros en las nueve facturas aportadas por los letrados de la defensa, Ángel Luis Calonge y Marcos Gabriel Díaz, del periodo entre septiembre de 2009 y mayo de 2011. La semana pasada la enfermera Jennifer Yasmina y algunos auxiliares de geriatría, que trabajaron en la residencia Trinidad, señalaron la ausencia de ese producto, y que “ella misma tuvo que llevar una caja” para el control del azúcar.

Venta de colchones

Por su parte, Ramón R., dueño de otra empresa que abasteció al centro Trinidad de sillas de ruedas, camas geriátricas, colchones, tacatás y servicio de ascensor, desde 2008/09 hasta la clausura del centro, apuntó que el suministro de productos “era el regular para este tipo de residencias”.

En cuanto a los colchones, este empresario aseguró que vendió “20 ó 30” unidades “fijo”, en los últimos dos o tres años de apertura de Trinidad, porque “así se rompían, se iban sustituyendo”. De nuevo el fiscal precisó que aparecen facturas de este material hasta 2007, pero no en fecha posterior. “Creo que vendimos algo más después, pero exactamente no lo recuerdo”, afirmó Ramón. La última factura emitida fue una escalera de dedos (fisioterapia) en abril 2009.

Higiene y alimentación

Como en sesiones, la prueba testifical ayer en el juicio contra los hermanos propietarios de la residencia Trinidad, Jesús y Álvaro C. D., se centró de nuevo en las condiciones higiénicas, alimentarias y sanitarias de los ancianos. Tres familiares coincidieron en asegurar que sus madres recibieron buena atención y niegan que hubiera maltrato. “La higiene era correcta sin duda, estaban bien atendidos, tenían actividades de fisioterapia”, afirmó Juan F.D. También Salvador H.G. suscribió lo dicho, aunque señaló que “la comida era irreconocible”. Mª del Pino S. trasladó a su madre a San Lorenzo y se llevó “una grata sorpresa porque estaba bien nutrida”. E. R.

La entrada Los proveedores de Trinidad señalan que el suministro era “suficiente” se publicó primero en Eva Rancho.

Una hija afirma que su madre “estaba atendidísima” / Un auxiliar de geriatría: “Si hubiéramos seguido allí, no habríamos cobrado el dinero que nos debían”

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  17 Octubre 2014

Cuatro familiares de los ancianos de la residencia Trinidad, clausurada en junio de 2011 por irregularidades, aseguraron ayer en la cuarta sesión del juicio contra sus dos propietarios, los hermanos Jesús María y Álvaro C.D., que no vieron signos de maltrato, de desnutrición en ellos ni tampoco gran suciedad en las instalaciones. Ayer en la sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1 continuó la prueba testifical, con un total de 11 testimonios , entre los que también figuraron la limpiadora, una de las enfermeras que fue contratada dos meses antes del cierre del centro, una auxiliar de enfermería, un auxiliar de geriatría, entre otros.

“Iba todos los días, mi madre [Teresa] estaba atendidísima, no tuvo ningún problema de higiene. Vomitaba con frecuencia y [yo] era consciente de que se limpiaba. Mi madre era muy lista y me contaba todo, ‘las chicas eran muy buenas, me trataban bien’. No tenían ningún tipo de maltrato”, relató Margarita M.S., hija de una de las internas, Teresa S., si bien apuntó que “la comida era la queja continua de la residencia”. Explicó que no se adecuaba a las necesidades de cada anciano como la de masticación. “Mi madre decía que la comida estaba salada. Se hacía mucha comida de sobre, yo iba por la noche y le llevaba puré con verdura fresca, los segundos platos como hamburguesas, costillas, estaban duros, no los podían masticar bien”, indicó Margarita.

Por su parte, Antonia C.S., hija de Josefa S.G., una de las residentes más mayores (ahora tiene 99 años) que permaneció allí ocho años, aseguró que su madre “no se quería ir de la residencia” y “Jesús, para las ancianas, era maravilloso, él siempre decía ‘dónde están mis niñas”. En cuanto a la atención de los auxiliares hacia los internos, declaró que “unos eran mejores que otros, unos se preocupaban más para que comieran”. Con respecto a la alimentación de su progenitora, Antonia aseguró que “no la notaba desnutrida”, aunque observó que “la comida era maravillosa al principio con el ‘catering’, y después fue cambiando la cosa, los purés eran repetidos, lo hacían mucho de tomate, de espinacas”, pero no recuerda que “nadie le dijera que había que tirar la comida por ácida”.

Asimismo, Antonia niega que hubiera insalubridad en el inmueble. “La limpieza de la residencia podría estar mejor, pero en general estaba limpia. Tenía bastante ventilación, y de bichos [hormigas], nunca vi nada, y en la cama de mi madre, nunca vi bolsas de basura [en lugar de empapadores]”, afirmó esa pariente.

Jesús María, hija de la anciana Soledad G.A., que vivió durante siete años en el centro hasta su cierre, manifestó que su madre “estaba más o menos limpia, siempre con las uñas cortadas”. “A veces faltaban los empapadores, hubo un tiempo en el que se racionaban mucho y los guardábamos en los roperos, pero siempre que cambié a mi madre, el pañal estaba limpio”, indicó. Con respecto a si existió o no vejación a los residentes, este familiar afirmó que “más o menos [los dueños] los apreciaban”, y en cuanto a los menús, consideró que “la comida no era la adecuada porque el 90% de los ancianos no tenían dientes y daban costillas, pollo con huesos y callos para cenar”. Si se espesaban o no los alimentos con servilletas, Jesús María comentó: “me niego a creer eso, nunca vi servilletas en la comida”.

Luis Felipe: “Jesús intentó minar para que los trabajadores no fuéramos un bloque”

En el caso de Juan Carlos G. Z., hijo de la interna Marta Z., declaró que los auxiliares no le contaron la existencia de algún tipo de abuso o vejación y que “Jesús era cariñoso, se preocupaba por los ancianos, y le correspondían, no les molestaba”. Juan Carlos afirmó que su madre “no se quejaba de la limpieza de la residencia”, que él mismo “veía bien”, y que no percibió olor extraño, sino que protestaba por la comida, pero no le dio importancia, pues aseguró que su madre “se quejaba de la comida allí y aquí”, en todos los sitios por los que estuviera. Asimismo, aseguró que su progenitora le habría comunicado algo grave si lo hubiera visto, porque tenía “carácter fuerte”, que le hacía hablar por aquellas cosas que le molestaran.

En la sesión de peritaje del jueves pasado, la médico forense del Ministerio Público, Eva Bajo, aseveró que “no había nada flagrante”, y que de acuerdo con las historias clínicas existentes hasta 2009 y al examen médico que realizó a todos ya en la residencia de San Lorenzo, adonde fueron trasladados tras el cierre de Trinidad, no encontró “ningún indicador que sugiriera un estado de deterioro derivado de una insuficiencia de cuidados básicos de salud, alimentación u otros”.

Conflicto laboral

Varios trabajadores de la residencia Trinidad declararon ayer que existían problemas laborales con sus dueños, pero que esto no condicionó sus testimonios en la denuncia del caso. Carolina J. G., enfermera contratada en abril de 2011, aseguró que “la relación” del personal con ellos “era bastante hostil” porque “Jesús no pagaba”.

Luis Felipe, un auxiliar de geriatría, suscribió lo dicho sobre la deuda de sueldos, y apuntó que “a Jesús sólo le interesaba el dinero”, porque “lo que pagaba cada anciano no se retribuía en tener mejor comida y camas”. “Si hubiéramos seguido allí, no habríamos cobrado. Jesús in- tentaba minar para que no fuéra- mos un bloque”, sostuvo este gerocultor, que no le consta que la plantilla forzara el cierre del centro.

La entrada Familiares de los ancianos de Trinidad aseguran que no vieron maltratos se publicó primero en Eva Rancho.

Una cuidadora asegura que vio al dueño del centro “tocar el pecho” a una interna en la cocina / Carmen: “Algo extraño había en el baño”

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Octubre 2014

Dos auxiliares de prácticas de geriatría y enfermería en abril de 2011 en la residencia de ancianos de Trinidad, clausurada en ese mismo año por irregularidades, aseguraron ayer, en la tercera sesión del juicio contra sus propietarios por delitos contra la integridad moral, haber presenciado dos escenas de índole sexual por parte de uno de ellos, Jesús María C. D., hacia una de las internas, Juana T. H., que entonces tenía 53 años y demencia. Durante los 20 días de su periodo formativo allí, Rosa María L. F. aseveró haber visto “a Jesús en la cocina besando y tocando los pechos a Juana”. “Para mí no era un gesto cariñoso. Yo era la nueva, pero por lo visto, eso no era nuevo”, apuntó. Asimismo, Rosa María afirmó que su compañera de prácticas geriátricas, María del Carmen M. G., le comentó que “vio a Jesús María bajarle las bragas a la muchacha en la escalera”, algo que corroboró la propia María del Carmen en su declaración como testigo, pero en un lugar diferente. “Quise tirar el cubo del agua, entré en el baño y vi que estaba Jesús no sé si bajando o subiendo las bragas de Juana. Algo extraño había ahí”, aseguró.

Con una duración total próxima a seis horas sin interrupción, la tercera sesión del juicio contra los hermanos Jesús María y Álvaro C. D. abordó la declaración de otros 10 testigos, entre ellos, la de Virginia, hija de la supuesta víctima de los abusos sexuales. Declaró que visitaba a su madre en la residencia una vez a la semana, pero que su abuela acudía allí con más frecuencia y le aseguró que “Juana le dijo que Álvaro la llevaba a la azotea y la tocaba”.

Por su parte, en los interrogatorios tanto de los letrados de la defensa, Ángel Luis Calonge y Marcos Gabriel Díaz, como del fiscal Pedro Gimeno, la mayoría del resto de testigos, una enfermera, técnicos en atención sociosanitaria a personas dependientes, auxiliares de geriatría, coincidieron en asegurar que existía racionamiento de pañales, falta de material para curas, reciclaje de comida, presencia de hormigas y bolsas de basura en los colchones en lugar de empapadores, y orden de los dueños para pautar altas dosis de Sinogan (sedante), entre otros aspectos.

Varios trabajadores, como Iván José R.R., afirmaron que el “conflicto laboral” interno, como suspensión de pagos o despidos, no condicionó sus testimonios. El abogado Calonge cuestionó la decisión de ese técnico de llamar primero al programa de televisión de Mercedes Milá para denunciar los hechos antes que a la Fiscalía.

La entrada Dos auxiliares en Trinidad afirman ser testigos de dos escenas sexuales se publicó primero en Eva Rancho.

La forense no encuentra “nada flagrante” que demuestre que se maltrataba por acción u omisión a los ancianos en la residencia

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Octubre 2014

La médico forense, Eva Bajo, que a petición del Ministerio Público examinó a todos los ancianos del centro Trinidad tras su cierre en 2011, ya en la residencia teldense de San Lorenzo, donde fueron reubicados, concluyó ayer, en la sesión de peritaje del juicio contra los propietarios, que a partir del 2009 “la tónica” general fue que “no constaba” control periódico médico de constantes como tensión arterial, glucemia, analíticas de sangre, ni sesiones de fisioterapia en las subcarpetas de los expedientes, si bien precisó que esto “no implica” que el centro “no lo hubiera hecho”. Por su parte, Clara María Rodríguez, doctora del centro de salud de San José, citada por la defensa, declaró que hasta ese año, existía seguimiento médico por una encargada (Galia), pero que a partir de entonces, ésta ya no estaba y notó “diferencia” en el manejo del control de los pacientes . “Ese señor del pelo blanco [se refirió a Álvaro, uno de los acusados] no sabía informarme, se limitaba a llevar las recetas”, añadió la médico de cabecera de Trinidad de 2006 a abril de 2010.

“Es una evidencia y de sentido común que es necesario controlar las constantes de pacientes con pluripatologías”, aseguró ayer Eva Bajo en la sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1, pero insistió en que el hecho de que tras 2009 no hubiera constancia de las anotaciones en las historias clínicas no significa que no se realizaran. Si existió maltrato o no a los ancianos fue uno de los momentos clave de los interrogatorios del fiscal Pedro Gimeno y de los letrados de la defensa, Ángel Luis Calonge y Marcos Gabriel Díaz Reyes. Tanto la médico perito, Eva Bajo, de la acusación pública, como los dos doctores como prueba de la defensa, Clara María Rodríguez y Andrés Ballesta (otros tres no fueron localizados para declarar ayer), coincidieron en que no hubo señales o “indicadores de malos tratos o abusos por acción o por omisión”. Bajo aseveró que “no había nada flagrante”, y que en base a las historias clínicas y al examen médico, no encontró “ningún indicador que sugiriera un estado de deterioro derivado de una insuficiencia de cuidados básicos de salud, alimentación u otros”.

En la misma dirección, Andrés Ballesta, facultativo del Servicio Canario de Salud en el centro de San José en 2011, afirmó que acudió “una vez a Trinidad”, y que “no vio nada anormal”. Asimismo, Clara María Rodríguez, médico del mismo centro sanitario, negó que hubiera alguna señal de maltrato y aseguró que los ancianos “estaban en buenas condiciones, había un seguimiento y los medicamentos ya venían pautados por el médico”.

Excepto el paciente Francisco S., que presentaba “un deterioro cognitivo moderado”, los demás tenían una demencia que les imposibilitaba tener una conversación normal, según observó la perito Bajo, a la pregunta del fiscal Gimeno de si podían verbalizar lo que les ocurría. “No, en modo alguno, no tenían recursos psicológicos para expresar nada”, indicó Bajo. En cuanto a su control, Bajo aseguró que tampoco hay constancia de que estos internos visitaran unidades de Salud Mental. “Otra cosa es que se hiciera”, matizó la forense.

“Mi familia me traía golosinas”

La nutrición de los residentes de Trinidad continuó siendo ayer objeto de los interrogatorios tanto de la acusación pública como de la defensa de los propietarios acusados. La médico forense Eva Bajo declaró que cuando examinó al paciente Francisco S., una vez clausurada la residencia en junio de 2011, le preguntó “¿cómo era la vida allí?”, y anotó de forma “literal y en cursiva las manifestaciones” que hizo. Bajo afirmó que le “dijo espontáneamente: la comida de la noche era la de la mañana, mi familia me traía golosinas porque no hay quién comiera eso”. En el caso de otro residente, Felipe, con un “deterioro cognitivo moderado asociado al párkinson”, pero “perfectamente orientado y con el que se podía mantener una conversación, respondió así a la pregunta de Bajo “¿allí qué tal, cómo se encontraba usted?”: “Ni la comida ni el atendimiento estaba bien, no me llevaron al médico ni me hicieron analíticas”. E. R.

La entrada Los pacientes del centro Trinidad no tenían historias médicas desde 2009 se publicó primero en Eva Rancho.

La sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital grancanaria albergó ayer la vista oral del juicio contra los propietarios de la residencia de ancianos de Trinidad en Vegueta, cerrada por el Gobierno autonómico en junio de 2011 debido a las condiciones alimenticias, higiénicas y sanitarias de sus 30 internos.

El fiscal acusa al centro Trinidad de espesar la comida con servilletas

Una auxiliar geriátrica afirma que encontró trozos y el dueño lo niega / Los propietarios admiten que servían productos congelados

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Octubre 2014

La sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1 albergó ayer la vista oral del juicio contra los propietarios de la residencia de ancianos de Trinidad en Vegueta, cerrada por el Gobierno autónomo en junio de 2011 debido a las condiciones alimenticias, higiénicas y sanitarias de sus 30 internos. El precario cuidado de la alimentación centró parte de la intervención del fiscal Pedro Gimeno, que acusó a Jesús María C.D., propietario del centro junto a su hermano Álvaro, de espesar la comida con servilletas. Gimeno se basó en la declaración de una de las auxiliares de geriatría de la residencia, Mercedes M.C., que afirmó que se encontró trozos en los platos, algo que Jesús María negó con rotundidad y aseguró que el único espesante que emplearon era “pan”. El representante del Ministerio Público atribuye a los dos hermanos 18 delitos contra la integridad moral de los ancianos y les acusa de abuso sexual, que también negaron.

Por otra parte, la minuciosa acusación pública subrayó otros sucesos relativos a la dieta de los residentes como el reciclado de las sobras de tres o cuatro días en una “suerte de puré”, la rebaja de la leche con agua para racionar un litro para 15 personas, y el suministro de comida ácida, de acuerdo con la declaración de varios trabajadores de la entidad en la fase de instrucción, como Sebastián M.C.

Defendidos por el abogado Ángel Luis Calonge, ambos hermanos desmintieron los hechos y alegaron que se debe a “un problema laboral, un complot”. “Desde el momento en que anuncié el ERE [Expediente de Regulación de Empleo], los trabajadores manifestaron eso, (…) . Desde que estaba el sindicato, se formó el follón”, apuntó Jesús María, que mediante la sociedad Naranjo y Calahorro SL compró en 1988 el inmueble de Vegueta, que años después, en 2000, emplearía como residencia de ancianos.

Jesús María admitió que compraban comida congelada en lugar de fresca por “la seguridad en la manipulación de los alimentos”. “Me lo aconsejó una dietética veterinaria”, afirmó este acusado. Quién cocinaba y elaboraba los cuadrantes del menú, y si se adecuaban a las necesidades de cada anciano también fueron blanco de las preguntas del fiscal. En un principio, Jesús María afirmó que su hermano Álvaro lo consultaba con el médico de cabecera de cada residente en el centro de salud correspondiente, pero poco después se retractó de lo dicho y aseguró que la función de su hermano era recoger las recetas.

Por su parte, Álvaro, que vivía en la azotea del edificio, declaró que se encargaba de hacer las notas de pedido de comida en función de las compras habituales a los proveedores, pero que desconocía los menús y su autoría, y que no mantenía contacto con las diferentes personas que ejercían de cocinero. En las declaraciones de los hermanos, quién controlaba las patologías clínicas de los internos quedó en el aire. Otros temas como negarse a llamar a un facultativo ante cualquier incidencia y dar medicación no prescrita, escasez de material sanitario, el estado de los colchones, la presencia de hormigas, entre otros, figuraron también en el interrogatorio.

“Había un gerocultor que se ocupaba de 29 ancianos por la noche, porque no estábamos obligados a más, ni a un médico, porque no era un centro sociosanitario sino una residencia de la tercera edad”, aseguró Jesús María.

La entrada El fiscal acusa al centro Trinidad de espesar la comida con servilletas se publicó primero en Eva Rancho.

La figura del secretario judicial es aún desconocida por muchos ciudadanos, pero su función es fundamental. Cerca de un 60% de los asuntos dentro de los juzgados están en sus manos. Ayer nueve de ellos, destinados en Canarias, juraron su cargo en el Palacio de Justicia de la capital grancanaria, y siete de ellos son mujeres. A partir del próximo lunes empezarán a trabajar en diversos juzgados de Gran Canaria y Tenerife.

Savia nueva en la justicia

Nueve secretarios judiciales para el Archipiélago toman posesión de su cargo en la Sala del Tribunal Superior / Siete son mujeres

Eva Rancho

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Mayo 2014

El Palacio de Justicia de la capital grancanaria fue testigo de la entrada de savia nueva entre sus paredes: nueve secretarios judiciales juraron su cargo ayer en la Sala del Tribunal Superior, de los cuales siete son mujeres. De un total de unos 3.500-4.000 aspirantes, David Rodríguez, Modesta Margarita Villalobos (la única canaria), Luna Béjar, Wenceslao Enrique Olea, Cristina María Garrido, María Alonso, María de la Luz Álvarez, Esperanza Torregrosa y Laura Chamoso aprobaron el pasado año la convocatoria de 2011 para secretario judicial destinados en Canarias, tras muchas jornadas maratonianas de estudio y sacrificio. Como expertos en Derecho procesal, rama que regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las personas que participan en los procesos judiciales, a partir del próximo lunes, los jóvenes secretarios judiciales comenzarán a trabajar en sus destinos de Gran Canaria, como los juzgados de Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana, en los Juzgados de lo Penal de la capital grancanaria, y de Tenerife, como en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de Arona.

La media de edad de los funcionarios se sitúa en torno 
a los 30 años

David Rodríguez, de 34 años y natural de Ferrol, soñó durante muchos años con el momento que vivió ayer en la Sala del Tribunal Superior. “Me ha llevado nueve años aprobar la oposición. Acabé la carrera y ya me puse a intentarlo hasta que salió”, explicó Rodríguez. Por su parte, Laura Chamoso, salmantina de 27 años, invirtió casi cuatro años de su vida para superar los tres exámenes (tipo test, oral y caso práctico), y ahora le toca velar por la buena marcha de los procedimientos en Tenerife. “Estuve preparando también la oposición para juez, entre 240 y 280 temas, y ambas son complicadas”, indicó Chamoso, que considera que la nueva Oficina Judicial establecida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y aún no implantada en Canarias, supone para los secretarios judiciales “una atribución de más competencias y reconoce más su labor, que antiguamente había estado más bajo la supervisión del juez, pero ahora está como más independiente”.

En el caso de Luna Béjar, de 29 años, le ha llevado un lustro aprobar la oposición y como el resto de sus compañeros de la promoción superó el pasado septiembre un curso teórico de dos meses en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid (CEJ) y después cuatro meses de prácticas en sus respectivas provincias. “No me imaginaba este día, porque cuando estaba estudiando oposiciones era como sólo estudiar y no plantearme el día después, pero ahora estás aquí y dices: ¡por fin! y ya con muchas ganas de empezar a trabajar”, explicó la joven sevillana, con una sonrisa en su rostro, al igual que todos sus colegas de profesión.

La secretaria del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita, apuntó que “las mujeres son más constantes y el estudio de una oposición necesita una regularidad, que no es que no la tengan los hombres, pero ahora a la vista está que están copando casi todos los puestos de oposiciones de la Administración de Justicia”.

La entrada Savia nueva en la justicia se publicó primero en Eva Rancho.