El profesorado canario denuncia un aumento de las agresiones por alumnos
El Defensor del Profesor creado por ANPE recibe 143 denuncias de docentes de Primaria y ESO / Educación niega que su equipo dé la espalda al problema
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Diciembre 2013
El número de maestros que han pedido ayuda al Defensor del Profesor tras ser agredidos verbal o físicamente ha aumentado en el curso académico 2012-2013, según el último informe presentado por ANPE Canarias, organización sindical de este colectivo que pertenece a ANPE Sindicato Independiente de Enseñanza. 143 maestros, en su mayoría de Educación Secundaria (43%) y Primaria (34%), solicitaron apoyo psicológico y jurídico al Defensor del Profesor, figura mediante la que el sindicato presta estos servicios desde 2008 en el Archipiélago canario. Con respecto al ejercicio anterior, del 2011-2012, las agresiones al profesorado han aumentado en 39 casos, de los cuales 15 han sido violencia física, de acuerdo con el citado informe.
“Han sido 15 vistas judiciales, en algunos casos se han llevado por lo penal, pero la mayor parte de los casos se han llevado como faltas, con lo cual se penan, cuando salga la sentencia, con una multa económica que llega a los 50 ó 90 euros como mucho. Sale muy barato agredir a un docente, mucho más que una multa de tráfico”, afirmó Bernardo Huerga, responsable del Defensor del Profesor en la capital grancanaria. No quieren alarmar a la ciudadanía, porque estos casos físicos “son excepcionales”, pero creen que es la “punta del iceberg”. Según ANPE, “este año ha sido el peor de estos cinco años de servicio del Defensor del Profesor”, donde se prima el derecho de educación del alumnado frente a la presunción de veracidad de los profesores, reivindicado desde el sindicato de profesores.
La presidenta de ANPE Canarias, María Perera, señaló que en los niveles educativos de la ESO, la violencia parte del alumnado hacia el profesorado, mientras que en la mayoría de los casos de Infantil y Primaria son los progenitores los que agreden a los maestros. “Sobreprotegen a sus hijos ante cualquier llamada de atención o medida disciplinaria que se adopte con ellos por incumplimiento de normas. Esto explica que haya en etapas más tempranas cada vez más alumnos disruptivos, es decir, el profesorado es constantemente desautorizado por los padres delante de sus hijos”, explicó Perera.
La inmadurez de los adolescentes, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria donde no quieren estar, la falta de interés por los contenidos impartidos, se añaden a las fuentes de conflicto en la ESO, según apuntó Perera, al mismo tiempo que nombró los principales problemas que el profesorado debe encarar: dificultades para impartir las clases, seguidas de insultos, amenazas e injurias, agresiones, acoso y daños causados a sus pertenencias.
Ley de Autoridad Docente
ANPE espera que el reconocimiento del profesor como “autoridad pública” incluido en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), sirva para que realmente el alumnado respete al profesor y se reconozca su autoridad tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de la organización. Rubén Zerpa, liberal sindical, señaló varios precedentes legislativos en otras comunidades autónomas, como Madrid y Valencia (2010), La Rioja (2011), Castilla La Mancha y Aragón (2012), Murcia (2013), y Castilla León, que está bajo trámite.
El sindicato docente considera que el decreto aprobado por el Parlamento de Canarias 114/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia en el ámbito educativo, es “insuficiente”, pues sólo menciona al profesor como “autoridad” y no se aplica su protocolo de actuación. “Si se concediese esta condición de autoridad pública, todas estas agresiones e intimidaciones pasarían a tener una mayor gravedad, y ser calificadas como atentado a la autoridad, recogido en los artículos 550 y 551 del Código Penal”, subrayó Zerpa.
Ante la denigración y desprestigio de la figura del profesor con respecto a tiempos pasados, ANPE llamó a un acuerdo social más allá de las siglas políticas. Por otra parte, exigió a la Consejería de Educación que preste los servicios jurídicos y psicológicos al colectivo docente que sufra estos abusos verbales y físicos, pues el actual Decreto de Convivencia no cubre esa asistencia. Tras la reunión el miércoles de la mesa técnica entre el director general de personal de la Consejería de Educación, Carlos Quesada Frigolet, y representantes sindicales de Educación, ANPE aseguró que para la Consejería de Educación “la conflictividad en las aulas es una realidad que no existe y no es una prioridad en la actualidad”.
Por su parte, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas, niega que su equipo eluda este tema. “Estoy segura que ningún miembro de la Consejería de Educación le pueda importar nada o miren para otro lado. Basta que sea uno, para nosotros preocuparnos, lo que pasa que la dimensión del asunto depende. No es lo mismo que hayan llamado 140 personas a ese servicio por lo que sea, a que hayan sido 140 las que hayan necesitado una atención especial porque hayan sido agredidas, insultadas. Son dos cosas distintas”, afirmó. Ante casos de ansiedad, depresión, e incluso baja laboral de los profesores, ANPE ha firmado un convenio con el Colegio de Psicólogos de Canarias para prestarles asistencia en condiciones ventajosas por profesionales especialistas en el campo de la docencia.
Impacto de la crisis
El Defensor del Profesor de la capital grancanaria, Bernardo Huerga, recordó la repercusión en las aulas de los recortes en el presupuesto educativo en Canarias en los últimos años. “Hay menos apoyos, no hay atención a la diversidad, el profesorado de ESO tiene 20 horas lectivas semanales, con lo cual, no hay tiempo complementario para una coordinación mínima con el resto de profesores”, explicó. E. R.
Agresiones a los docentes en las Islas
Distribución por niveles educativos del profesorado atendido por ANPE
- Infantil: 24 casos
- Primaria: 49 casos
- Secundaria: 62 casos
- Formación Profesional (FP): 8 casos