La empresa de Miguel Ángel Ramírez gana el concurso público para vigilar los órganos de Administración de Justicia del Archipiélago por 7,8 millones de euros
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Julio 2014
La empresa Seguridad Integral Canaria S.A. vigilará todos los juzgados de Canarias hasta 2016 por una cuantía de 7.832.738,16 euros, sin IGIC, tras ganar el concurso público de adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia ubicados en el Archipiélago, incluida la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias se decantó por Seguridad Integral Canaria, “por ser la oferta más ventajosa para la Administración”, y descartó las otras seis entidades como Vigilancia Integrada S.A-Alentis, Prosegur España S.A, Securitas-Seguridad España S.A, Alcor Seguridad S.L., Segur Ibérica S.A y Eulen Seguridad S.A., que se presentaron a esta convocatoria pública de procedimiento abierto y tramitación urgente, anunciada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de marzo del 2014.
La empresa de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, lleva custodiando los juzgados de la capital grancanaria desde hace 12 años, como indicó el vicepresidente del Grupo Ralons, Héctor de Armas, y hasta el 15 de agosto de 2016 seguirá velando por el control de las personas y bienes en dichas instalaciones. “Estamos muy satisfechos de gozar de la confianza de la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, para nosotros es como una reválida”, afirmó De Armas.
Personas, coches y paquetería
Seguridad Integral Canaria será responsable de custodiar tanto los edificios como los bienes que contienen, así como de proteger a las personas que se encuentren en su interior, ya sean trabajadores, usuarios o profesionales. La protección y vigilancia tendrá carácter preventivo y se realizará de forma general sobre locales, instalaciones, bienes y equipos los 365 días del año durante 24 horas. La compañía ganadora de la contratación del servicio de vigilancia de las sedes judiciales en la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife también supervisarán la entrada de personas y vehículos a los inmuebles y la llegada de correspondencia y paquetería.
Asimismo los agentes de seguridad privada se encargarán de controlar los sistemas de videovigilancia ya instalados o aquellos que se coloquen en un futuro en los edificios judiciales de la comunidad autónoma de Canarias. En la orden número 908 firmada con fecha de ayer por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, por la que se concede a Seguridad Integral Canaria este contrato de servicio de vigilancia y seguridad, se especifica que el importe total final de adjudicación asciende a 7.832.738,16 euros, a razón de 326.364,09 euros mensuales, de los que 176.365,99 euros corresponden al Lote I, provincia de Las Palmas, y 149.998,10 conciernen al Lote II, provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin incluir el IGIC que deberá aportar el Ejecutivo regional.
Seguridad Integral Canaria logró presentar al Gobierno autónomo la oferta más barata de las empresas que concurrían al concurso e inferior al presupuesto base de licitación de la convocatoria pública de marzo de 2014, situada en los 8.759.739,70 euros, sin IGIC.
Según señala la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autónomo, “contra la presente Orden, podrá interponerse, con carácter previo al recurso Contencioso-Administrativo, un Recurso Especial en materia de Contratación en el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de la presente en la página web del perfil del contratante del Gobierno de Canarias, de conformidad con el artículo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Los agentes privados protegerán los bienes, las personas, los coches y la paquetería
El resultado del concurso público ha despertado las críticas de sectores del ámbito judicial. “No se puede poner al lobo a cuidar a la gallina, el dueño de una empresa que tiene en todas las jurisdicciones asuntos pendientes. No nos parece que sea el hombre adecuado para custodiar edificios judiciales”, apuntó Mary Pita, presidenta de la Junta de Personal del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, al referirse a Miguel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria. “Entiendo que debe haber un código moral y ético que debe estar por arriba, termine el procedimiento judicial o no termine. Es moralmente incompatible y estamos tan perplejos como cualquier ciudadano”, añadió Pita.
Asimismo Pita consideró que “el único fin de las empresas privadas es el ánimo de lucro, algo que no tiene nada que ver con la justicia” y defendió la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Autonómica para vigilar los órganos de Administración de Justicia. “Todos esos cuerpos son funcionarios del Estado y, por tanto, vienen regidos por otros criterios morales que los de las empresas privadas”, prosiguió Pita.
Por su parte, el juez decano de la capital grancanaria, José Antonio Morales, compartió la opinión de la presidenta de la Junta de Personal del Partido Judicial capitalino, pero por razones cuantitativas. “Nosotros hubiésemos preferido que la seguridad del edificio estuviese en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad [del Estado], porque la seguridad privada no es suficiente. Sí es cierto que existe en otras ciudades de la Justicia, pero creemos que no es suficiente, por lo menos tal y como estaba planificado a día de hoy”, indicó Morales.
El juez decano mencionó la posible vuelta de la Benemérita en la vigilancia de órganos judiciales. “Desde la Consejería se nos lleva hablando hace tiempo de que están en negociaciones para que la Guardia Civil vuelva por lo menos a custodiar el juzgado de guardia”.
Bagaje en vigilancia
Nacida en 1996, Seguridad Integral Canaria (SIC) cuenta con amplia experiencia en el mercado de la seguridad privada dentro y fuera del Archipiélago, como en Madrid o Perú. La entidad del presidente del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, se encarga desde 2012 del transporte, manipulado y custodia del efectivo del BBVA en todas las Islas. Además es responsable de vigilar las Casas Consistoriales, las oficinas municipales del Metropole, en León y Castillo, y la Casa del Marino en la capital grancanaria. Por otra parte, hasta 2017 se encargará de velar por la seguridad del centro y norte del Metro de Madrid, y también del Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo, del Servicio Madrileño de Salud o la Dirección General de Tráfico. Asimismo el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España adjudicó a Seguridad Integral Canaria entre 2011 y el pasado marzo la salvaguardia de todos los monumentos de Patrimonio Nacional como el Monasterio del Escorial. Cerca de 5.200 trabajadores conforman la plantilla total de SIC, 1.700 empleados en Península y 3.500 en Canarias. E. R.