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Establece un copago para los pacientes que desviará a residencias / Tramita un concurso para trasladar los 400 crónicos, reducir costes y mejorar la atención
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Enero 2014
El Gobierno de Canarias contempla establecer un copago para los 400 pacientes crónicos con alta médica, que aún permanecen ingresados en hospitales públicos (95) o en camas concertadas (305), y que se prevé derivar a centros especializados en atención sociosanitaria. El Ejecutivo tramita una Orden conjunta de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, gestada desde el pasado día 10 de abril y puesta a información pública el 3 de septiembre de 2013, para regular el traslado de dichos enfermos a centros sociosanitarios. En su artículo ocho fija que “en su caso” habrá una “aportación económica que corresponda realizar al interesado de acuerdo con el régimen de copago que se establezca”, pero no detalla ni los criterios empleados para determinar quién paga y quién no, ni cuánto dinero deben abonar. El Gobierno de Canarias gasta una media de 102.000 euros al día en los 400 pacientes dados de alta y aún hospitalizados.
Dicha orden también establece en sus puntos dos y tres del artículo 12 que “la Consejería competente en la materia de Políticas Sociales procederá, al menos una vez cada dos años, a realizar una convocatoria pública para la concertación de plazas en los centros sociosanitarios” . “Los centros privados y los de las organizaciones sin ánimo de lucro”, añade, que acudan a este concurso “deberán cumplir los requisitos establecidos por la normativa” en esta Orden, y “en la regulación vigente de los centros y servicios que actúen en materia de promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias”.
Tras cinco meses desde el inicio de su tramitación, ambas Consejerías decidieron anunciar el tres de septiembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC, número 174) que abrirían un “periodo de información pública de veinte días hábiles” para dar cabida a todo aquel (persona física o jurídica) que quisiera presentar “alegaciones, observaciones o sugerencias”, sobre las que el Gobierno autonómico no ha informado públicamente a día de hoy. Ahora tan sólo falta que el Consejo de Gobierno de Paulino Rivero dé luz verde a este régimen de regulación, tras incluir las posibles alegaciones.
En cuanto al objetivo de la norma, destaca la orden: “El objeto es activar el espacio sociosanitario para derivar pacientes con alta médica hospitalaria pero en situación de dependencia, lo que implicará además una atención más adecuada a sus necesidades de atención social y sanitaria, una reducción de los actuales costes sanitarios puesto que, mayoritariamente, lleva asociado la adecuación de los servicios sociosanitarios a las necesidades del usuario y la correspondiente liberación equivalente de otros recursos sanitarios de alto coste para poder ser utilizados por los pacientes que lo precisan por causas médicas, mejorando así la eficiencia del sistema”.
El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, subrayó que esta medida conjunta de las dos consejerías regionales es fundamental “para resolver dos problemas a la vez”: por una parte, desbloquear la larga lista de espera para acceder a una cama pública hospitalaria, y por otra, usar los recursos presupuestarios de la administración canaria de forma más eficiente. “Si pones en marcha este mecanismo, esos 400 supuestos mayores dados de alta y que están en la Clínica Santa Catalina, en el Negrín, o donde sea, se marcharían a una residencia donde el coste a pagar por la Consejería de Servicios Sociales sería inferior a lo que paga Sanidad, luego ésta le puede aportar la diferencia”.
La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aseguró ayer que Canarias está por encima de la media del Estado en vacantes públicas para personas con discapacidad, con “una plaza por cada 54,96 personas en 2012”, pese a que ocupa la décima posición entre las 17 comunidades autónomas analizadas por el informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales DEC 2013.
Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reveló ayer que se han cerrado en España en un mes “1.192 camas para personas en situación de dependencia”.
El juez decide ante una negativa a firmar el abandono del hospital
Fiscalía abrirá un procedimiento de incapacitación si al afectado no le fuera posible prestar su conformidad para poder ser derivado
LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Enero 2014
La Orden conjunta de Sanidad y de la Políticas Sociales para regular el régimen de derivación de personas con alta médica pero que precisan atención sociosanitaria contempla, en su articulado, cómo se debe actuar ante el paciente que “no acepte el alta de forma voluntaria”. En este caso, recoge la orden puesta información pública, “la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez de lo Contencioso-administrativo para que confirme o revoque la decisión”.
Asimismo, la normativa en tramitación incluye el trámite a seguir “si al paciente no le fuera posible prestar conformidad expresa al procedimiento de traslado para iniciar su derivación a un centro sociosanitario, se procederá al inicio de un proceso de incapacitación que podrá ser promovido por algunas de las personas mencionadas en el artículo 757, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
La orden se extiende, por otra parte, sobre si no hubiese personas legitimadas para abordar la incapacitación. Al respecto, “lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal a fin de que si procede, inste el correspondiente proceso judicial de incapacitación ante el Juez de Primera Instancia correspondiente”. “En dicha comunicación se facilitará la información necesaria para que el Ministerio Fiscal pueda valorar si procede solicitar al Juez, además, alguna medida cautelar del presunto incapaz, como pudiera ser el ingreso en un centro sociosanitario”, añade la orden.
En cuanto a la asignación de la plaza en el centro sociosanitario, dicho procedimiento “se iniciará de oficio por acuerdo del titular de la Dirección del Área de Salud en que se ubique el centro hospitalario en que se encuentra el paciente en situación de alta médica”, destaca la regulación Sanidad y Políticas Sociales.