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Sanidad asegura que los 400 enfermos afectados se encuentran distribuidos entre 305 camas concertadas con la privada y 95 que pertenecen a hospitales públicos
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Enero 2014
La Comunidad Autónoma de Canarias gasta una media de 102.750 euros diarios para atender a los 95 enfermos que ya disponen de alta médica, pero que aún permanecen ingresados en hospitales públicos, y a otros 305 pacientes que derivan a camas concertadas con la sanidad privada, según estimaron diversas fuentes del sector de la sanidad concertada consultadas por este periódico.
El presidente regional, Paulino Rivero, aseguró el pasado lunes que en los hospitales públicos canarios había un problema de camas bloqueadas por “más de 400 pacientes que están en condiciones de alta médica, pero sus familiares no los recogen” por razones de“cuestión cultural”. Dada la polémica suscitada por estas afirmaciones, el mismo presidente del Gobierno autonómico rectificó ayer y precisó que “en ningún caso” culpó de esta situación “a las familias”, porque está seguro de que “nadie quiere tener a un pariente hospitalizado”.
Según aseguró la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, en la actualidad, en los nueve complejos hospitalarios públicos del Archipiélago todavía siguen internados 95 pacientes que han recibido el alta médica, un número que, de acuerdo con varias fuentes de la sanidad concertada, cuesta a la sanidad pública alrededor de 57.000 euros al día (una media de 600 euros diarios por cama pública). Por otra parte, los 305 pacientes restantes con alta médica que se derivan a camas públicas pero en centros sanitarios concertados tienen un coste de 45.750 euros al día (en torno a 150 euros por persona).
Tanto Paulino Rivero como el Servicio Canario de Salud (SCS), con su directora general a la cabeza, Juana María Reyes, coincidieron en reconocer que es muy difícil la reubicación de estos pacientes, en su mayoría ancianos y crónicos, en centros sociosanitarios y la coordinación de recursos sanitarios y sociosanitarios. “Cuando se da el alta a pacientes a los que luego no es posible buscarles un recurso alternativo, lo que se hace es que se le traslada a centros concertados para evitar sacarlos de centros de alto nivel tecnológico como son, sobre todo, los cuatro hospitales fuertes”, explicó Reyes.
Muchas familias no pueden asumir los cuidados que requieren las patologías de sus allegados. “En algunos casos porque hay que adaptar pisos, casas para pacientes dependientes; otros, porque no tienen familia; otros, porque la estructura familiar no lo permite, y otros porque realmente necesitan un centro sociosanitario que no tenemos en estos momentos”, añadió Reyes. Rivero explicó que cuando dio esa cifra de 400 pacientes, sólo pretendía “poner sobre la mesa unos datos que hablan de una situación especialmente sensible y que evidencia la necesidad de seguir volcados con los servicios públicos”, servicios que su Gobierno, recalcó, “va a defender contra viento y marea”.
Críticas de Roldós
Las palabras que Paulino Rivero pronunció el pasado lunes, en un primer momento levantaron la polémica entre diversas fuerzas políticas. Mercedes Roldós, diputada regional y portavoz parlamentaria de Sanidad del Partido Popular, criticó con dureza al presidente regional. “Es una falta de respeto a las familias canarias cuando afirma que hay 400 pacientes en los hospitales porque no se los quieren llevar las familias, esas familias canarias que están siendo el soporte de un 35% de paro, de unas cifras escandalosas de personas en el umbral de la pobreza, y ahora también les echa la culpa del caos sanitario, que es responsabilidad de él y de las personas que ha puesto al frente de la sanidad canaria, auténticos incompetentes en materia sanitaria y sociosanitaria que están creando un verdadero caos en los hospitales canarios”, apuntó Roldós. Rivero apeló a buscar nuevas fórmulas para “seguir avanzando” en la atención sociosanitaria.
Asimismo, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle, respondió ayer al presidente canario, en declaraciones a Efe, que no se puede culpar a los ciudadanos de una situación que es responsabilidad de las administraciones públicas. “Hay que tener en cuenta la realidad del país: muy pocas camas de media y larga estancia y muy pocas plazas sociosanitarias”, afirmó Sánchez.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad consideran “puntual” la situación en los hospitales canarios, y recuerdan que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas y no atribuyen el problema a una falta de recursos. “Existen mecanismos y ejemplos de coordinación en el ámbito de las competencias autonómicas para dar solución a esta situación”, indicaron las fuentes.
Precisamente, Jerónimo Saavedra, diputado del Común de Canarias, achacó la situación a la longeva confusión que existe para definir de forma clara las competencias entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario, y a la “insuficiente aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, que es la peor comunidad autónoma de toda España en ese sentido”.
A Saavedra le sorprendieron las palabras de Paulino Rivero, “que no ha tenido el asesoramiento debido”, a su juicio, y que se produzcan justo meses después de que “el 10 de septiembre del 2013 el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicara un periodo de información pública de 20 días para opinar sobre una orden conjunta de la Consejería de Sanidad y de la de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda”.
En dicha orden, añadió Saavedra, se determina precisamente cómo manejar las altas médicas en hospitales públicos de pacientes que requieren después atención sociosanitaria. Saavedra dijo que faltaría la aprobación final de este articulado.
Pedro Betancor: “Donde mejor está un enfermo crónico es en su casa”
El geriatra señala que “la burbuja sanitaria” creó hospitales de alto nivel donde sobran camas y ahora se necesitan centros de convalecencia
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Enero 2014
Para algunos profesionales sanitarios no cuadra el número facilitado por Paulino Rivero, de 400 pacientes con alta médica en hospitales públicos que no son recogidos por sus familiares. Pedro Betancor León, catedrático de Medicina Interna y profesor de Geriatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), consideró que “la cifra es muy exagerada a priori”, aunque señaló que en principio no puede contradecirla porque desconoce los datos concretos. Asimismo Betancor subrayó que otra cosa bien distinta es que “muchos, y bastante más de 400 que están en hospitales de agudos, podrían ser tratados en hospitales sin alta cualificación tecnológica, porque se sabe que la mayor parte de los pacientes, sobre todo en servicios médicos, que ingresan en los cuatro grandes hospitales, son pacientes crónicos que momentáneamente se reagudizan, y que podrían ser tratados en hospitales de un nivel más bajo”. A su juicio, no es necesario hacer nuevos hospitales y aumentarlos, sino “medios diagnósticos y hospitales de convalecencia”, puesto que “al envejecer la población vive más, pero con enfermedades y pequeñas alteraciones, que no necesitan la gran tecnología que tienen los hospitales, sino cuidados médicos básicos y a un precio inferior”. En ese sentido, Betancor indicó al igual que hubo una “burbuja inmobiliaria” en toda España, también surgió una “burbuja sanitaria” con la creación de numerosos hospitales con “alto nivel tecnológico sin tener en cuenta el cambio demográfico que ha existido en los últimos 20 años que hace innecesaria la mayor parte de esas camas”.
Betancor se refiere a pacientes con dos patologías principales: reagudización de la insuficiencia cardiaca, de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en invierno, y las infecciones respiratorias derivadas, y las secuelas del ictus agudo, que “tras la primera semana cuando estén estables, pueden ser ingresados en un centro de convalecencia para su rehabilitación”. Para ello, el experto en geriatría, apuntó que “debe haber mucha más ayuda domiciliaria”, cuya aplicación por la Ley de Dependencia, según dijo, es “lamentable”. “Donde mejor está un paciente crónico es en su casa”.
Por su parte, Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas y jefe de Neumología del Hospital Doctor Negrín, recibió el número de Rivero con sorpresa y le pareció “excesivo”, pues en su experiencia profesional se encuentra “de forma ocasional” con casos de pacientes con alta médica que aún permanecen ingresados. Se refirió en especial a “ancianos que no se pueden valer en su vida cotidiana, y personas con minusvalías físicas o psíquicas” que confluye muchas veces con “una familia desestructurada o con muy pocos recursos o miembros”. “Este estado de bienestar que tenemos en España siempre estuvo cojo en atención social. En mi criterio, la parte social se ha planificado mal, ha habido intentos valiosos que no se han llevado a término por razones económicas, como fue la Ley de Dependencia”, subrayó.