El primer aniversario de la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes en situación irregular en España se cumplió ayer. La medida forma parte de la batería de recortes de la llamada Reforma Sanitaria (Real Decreto 16/2012) que el Gobierno de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros el 20 de abril de 2012. Sin embargo, para otros el recorte va más allá de la ausencia de un papel. Traspasa valores éticos y derechos fundamentales que pertenecen a los seres humanos. Algunos extranjeros consultados por LA PROVINCIA / DLP señalan que este desamparo legal ha puesto en riesgo su salud.
Un año de desatención sanitaria
Cáritas Canarias y otras entidades sociales forman una plataforma conjunta para apoyar
al colectivo de inmigrantes sin papeles / Denuncian la desinformación administrativa
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Septiembre 2013
Cáritas, Yo sí atiendo, Médicos del Mundo, Acción en Red-Canarias, CEAC y Amnistía Internacional formaron una plataforma para la defensa de una sanidad pública universal, que atienda a los inmigrantes sin papeles que han quedado excluidos de una cobertura sanitaria completa. Aúnan esfuerzos para dar visibilidad a este colectivo. Hasta la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dado de baja a más de 52.229 extranjeros a raíz de la retira de la tarjeta a inmigrantes con la reforma sanitaria (Real Decreto 16/2012)
La normativa determina que aquellos en situación ilegal sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, asistencia pediátrica para niños y adolescentes hasta los 18 años en igualdad de condiciones que los españoles, y para aquellas mujeres embarazadas, asistencia durante la gestación, parto y seguimiento del posparto.
Pero casos como el de Claudia Ramona Brujean describen una realidad bien distinta. Esta ciudadana rumana de 31 años sale de cuentas en esta semana. No tiene médico de cabecera asignado, que le corresponde por ley.
“Soy atendida (en la sanidad pública) gracias a las personas con corazón, porque fue muy duro casi por un mes, hemos deambulado por allí por allá y todo el mundo nos decía sí, pero no. Sí tengo el derecho, pero al final sólo he conseguido ser atendida durante el embarazo por una matrona y tocóloga”, explica Brujean, que nunca ha cotizado a la Seguridad Social. El centro de salud Prudencio Guzmán, el primero que la atendió, desconocía cómo aplicar la normativa, afirma Brojean. ”Nadie sabía en concreto nada, sí, que soy comunitaria, pero soy de Rumanía, y no sé que convenio tiene con España. En pocas palabras, de ir a otro sitio para informarme mejor”, comenta.
Lleva cerca de un año viviendo en Las Palmas con su novio canario Alexis Herrera, que la acompaña en todo momento y lugar. “El problema es la falta de reciclaje, de información de la administración. Hemos hecho las rutas desde Juan XXIII al Edificio de Usos Múltiples, al Edificio del Marino, a seis o siete delegaciones y cada uno entiende tu caso, lo comparten contigo, pero no saben dónde mandarte’”, lamenta Herrera.
Claudia está atrapada por una telaraña burocrática que le impide acceder a varios derechos. Al carecer de NIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros), que podría conseguir a través de un empleo en regla, no puede empadronarse en casa de su pareja y obtener así la residencia y la tarjeta sanitaria.
Extranjería
El Gobierno central introdujo de una “manera sutil” un nuevo requisito para que los ciudadanos comunitarios pudieran vivir de manera legal en España. Hasta el tercer mes de residencia, se consideraba como turismo, fuera en la situación que fuera, y a partir de ahí, tendrían que demostrar suficientes recursos económicos para garantizar su residencia.
“Como ella es ciudadana europea, toda la facturación hospitalario se la pasarían a Rumanía, y como allí no tienen Seguridad Social, no la reconoce. Mes y medio estuvimos rodando todos los días desde las ocho de la mañana, ella embarazada de tres o cuatro meses, y todavía no la había visto una matrona”, denuncia Herrera, que está en el paro desde que llegó de la Península, donde había trabajado de electricista durante 13 años.
“Hasta el cuarto mes de embarazo, no me vio una matrona. No tengo médico”
Los fármacos de Lahsen, enfermo de leucemia, cuestan 100 euros a la semana
Alexis y Claudia aseguran que las primeras cuatro consultas venían acompañadas de facturas firmadas, donde no figuraba ni el concepto ni la cifra que debían abonar. Hasta ahora, no les han cobrado nada.
“Es una mala ley porque conozco un montón de gente sin tarjeta, sin derecho a medicamentos. Si la ministra (Ana Mato) estuviera enferma para probar los dolores de los enfermos, no diría que la sanidad es aún universal”, clama Lahsen Arouhal.
Este feriante marroquí tiene 43 años y es enfermo terminal de leucemia. También padece de los riñones y pulmones. Lleva casi dos décadas en Canarias, no ha tenido permiso de trabajo y tampoco ha cotizado a la Seguridad Social, pues nunca ha obtenido contrato.
“Ahora mismo tengo derecho a ingresar en un hospital, y médico de cabecera, pero no para comprar medicinas baratas”, puntualiza Lahsen. Además de un calmante para los riñones, debe tomar al día 12 pastillas de varios medicamentos. Su gasto semanal de fármacos asciende a 100 euros, que afronta gracias a Cáritas. Desde la plataforma conjunta con las otras entidades sociales señalan que la atención sanitaria es deficitaria, pues la legislación no contempla ninguna cobertura de medicamentos, ni siquiera en las enfermedades crónicas graves.
Lahsen está sólo en España. Sus dos hermanos y dos hermanas tienen su vida hecha en Marruecos. Él vive solo en San Lorenzo bajo un techo que le ha cedido uno de sus amigos dentro de una finca. Cáritas le proporciona ducha y tiques para un supermercado bien establecido en la Isla.
Alexis y Claudia muestran la misma indignación y vergüenza ajena por las palabras de la ministra de Sanidad. Su futuro hijo se llamará Kevin. Y paradojas de la vida y de la ley, tendrá más derechos sanitarios que su propia madre, gracias a que el padre es nacional, canario. “Será ciudadano europeo y ya entra por mi tarjeta sanitaria, y ella, siendo madre de un menor, no le van a sacar de su lado. Pero como persona, ella también necesita un médico de cabecera, estar un poco segura’”, afirma Alexis.
Victoria Hernández: “La tarjeta
especial no es la panacea universal”
La experta del área internacional de Cáritas revela los déficits del programa especial de salud canario para inmigrantes sin papeles
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Septiembre 2013
La tarjeta sanitaria especial, enmarcada dentro de un programa especial de salud que el Servicio Canario aprobó las pasadas Navidades, en teoría ofrece atención sanitaria primaria y especializada a aquellos extranjeros sin recursos. Pero en la práctica, resulta de nuevo un obstáculo burocrático para los solicitantes pues piden documentación difícil de expeditar, según apuntaron desde la plataforma formada por Cáritas, Yo sí atiendo y Acción en Red- Canarias, entre otras entidades.
“No es una cobertura sanitaria total, cojea mucho”, comenta Victoria Hernández, técnico del Área Internacional de Cáritas Canarias. No poder pedir cita previa telefónica, sino sólo en persona, no tener derecho a una segunda opinión médica, ni ser atendido en otra comunidad autónoma, y la medicación excluida incluso para enfermos terminales, son ejemplos citados por la organización que dejan al descubierto algunas carencias de este programa de actuaciones sobre la salud.
Por ejemplo, en caso de sufrir quemaduras graves, Canarias carece de una unidad específica, y el paciente no podría ser trasladado a otra comunidad autónoma porque la tarjeta sanitaria especial no contempla la prestación de ser atendido fuera del Archipiélago.
Tiempo y dinero
A esto se suma la condición de llevar un año empadronado en un municipio canario, y que el país de origen expedite una serie de documentos que demuestren que el inmigrante carece de bienes inmuebles y recursos económicos allí, según publicó el BOC en los anexos de la Orden 208 del 14 de diciembre de 2012. Todo ello conlleva tiempo y dinero por la intervención de consulados, a veces ubicados fuera del Archipiélago, entre otros organismos intermediarios.
“No es algo inmediato. Hay una serie de trámites que la reforma dice ‘sí, tienes derecho’, pero llevan tanto tiempo, que estamos hablando muchas veces de la vida o la muerte de una persona, que no puede ir a un consulado a sacar un documento, cuando esa persona está muy mal físicamente”, subraya Hernández. Como es el caso del enfermo terminal de leucemia Lahsen Arouhal.
En un primer momento Canarias anunció en octubre del año pasado que seguiría atendiendo a los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España sin recursos económicos suficientes. “El Servicio Canario de Salud ha dado instrucciones precisas a todos los centros sanitarios para que no se deje de atender a este colectivo”, indicó el pasado invierno la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Zaira Gil. Pero la realidad es otra, según indican desde la plataforma. “Cifras exactas no tenemos (de los centros de salud), pero viene aquí gente que tiene muchas dificultades en cuanto a que no entienden el ‘barullo’ de información que les dan”, explica Hernández. Y añade que las personas en situación irregular pueden acceder a la tarjeta especial, “pero eso no es la panacea universal en los centros de salud”. Critican el fondo de la ley, la falta y descoordinación de información por parte de la administración central y canaria, y de los centros de salud.
El trámite burocrático para obtener cobertura sanitaria gratuita no es inmediato
Piden “reciclaje” del personal. Subrayan que la tensión, los nervios derivados de la desorganización y desatención afectan directamente al desarrollo personal de cada uno. Ante esta situación, Cáritas, CEAC, Yo sí atiendo, Médicos del Mundo y Acción en Red-Canarias y Amnistía Internacional trabajan en equipo para “acompañar de forma íntegra” a aquellos inmigrantes que lo necesiten, no sólo en temas de salud, sino en Ley de Extranjería, alimentos, servicio de duchas.
Canarias siguió el ejemplo de la red de acompañamiento creada por el madrileño grupo ‘Yo sí, sanidad universal’. Las plataformas Yo sí atiendo y Acción en Red-Canarias crearon también esta herramienta para que los inmigrantes despojados de la tarjeta sanitaria continuaran siendo atendidos a partir del 1 de septiembre del año pasado.
“Al sexto, séptimo mes de embarazo los conocimos. Gracias a esa gente, que están a favor de la sanidad pública, que tienen amor por su trabajo, se consiguen cosas hasta un punto. Porque si ella tiene que ver al dermatólogo, él no puede mandarla. Son médicos de la seguridad social con corazón, gente que te atiende seas de donde seas. Ya están haciendo bastante ya sólo por atenderla”, comenta Alexis Herrera, novio canario de Claudia Ramona Brujean, una ciudadana rumana en situación irregular.
Aunque se siente afortunada, la incertidumbre de no saber lo que pasará con su futuro hijo llena sus días de ansiedad y estrés. La reforma sanitaria cubre el seguimiento del posparto durante 4-6 meses, según la ley. Pasado ese tiempo, Claudia quedará desatendida por la sanidad pública. “No sé lo que haré de ahora en adelante”, dice.