El jefe de la unidad afirma que los agentes notaron diferencia con el reportaje televisivo
Eva Rancho
LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Octubre 2014
El agente de la Policía científica que participó en la entrada y registro de la residencia Trinidad a finales de junio de 2011, afirmó ayer, en la sexta y última sesión del juicio contra sus propietarios Jesús María y Álvaro C.D., que fotografió las instalaciones y encontró que “los colchones estaban sucios y había pequeños insectos, hormigas, en varios”, y “un olor un poco fuerte”. En la sala 21 del Juzgado de lo Penal número 1, el jefe de la unidad de la Policía Judicial, que accedió al centro en aquella fecha con un secretario judicial y 3 ó 4 agentes, declaró: “No vi que las dependencias presentaran una suciedad como para decir ‘guarro o sucio”, y manifestó que el día del registro en el centro “se comentó allí que esto era distinto a cómo aparecía en televisión”, refiriéndose a la grabación con cámara oculta por una periodista del programa Diario de… de Mercedes Milá, emitido en mayo de 2011, donde se mostraba las supuestas irregularidades de la residencia. El juicio queda ahora visto para sentencia.
Conclusiones de las partes
El policía que captó las instantáneas del interior del inmueble en su cierre también retrató la cama de “abajo, a la derecha, que pegaba a la calle” que contenía hormigas, como le recordó Ángel Luis Calonge, uno de los abogados de la defensa, y a la pregunta de este letrado de si había más insectos en alguna cama de la parte de arriba, la respuesta del agente fue negativa. Por su parte, otro de los policías que intervino en el registro e incautación de documentación en la clausura del centro, declaró que uno de los ancianos le afirmó que “¡ya era hora! [de esa actuación policial]”.Entre las conclusiones definitivas formuladas ayer por los letrados de los acusados, Ángel Luis Calonge y Marcos Gabriel Díaz, que piden su absolución, señalaron que el representante del Ministerio Público, Pedro Gimeno, “ha pasado por encima de la prueba más importante, la de la médica forense” que descartó maltrato.
Hace dos semanas Eva Bajo declaró que no vio “nada flagrante” en la exploración que practicó a los 18 ancianos ya en la residencia de San Lorenzo, adonde fueron trasladados tras el cierre de Trinidad, ni en sus historias médicas. La forense no encontró “ningún indicador que sugiriera un estado de deterioro derivado de una insuficiencia de cuidados básicos de salud, alimentación u otros”. Por su parte, el fiscal afirmó que “no se ha podido acreditar esa relación causa-efecto”, porque de lo contrario hubiera acusado a los dueños de “homicidio imprudente”, en lugar de 18 delitos contra la integridad moral, pero sí aseguró que “la calidad de vida” de los residentes “hubiera mejorado notablemente” si los dueños hubieran velado por sus cuidados básicos. Gimeno apuntó que los acusados permitieron “cuotas de infrahumanidad en atención médica y de alimentación, que merece el reproche penal del artículo 173.1”, y pidió a la jueza “una am- plitud de miras” en la aplicación de la ley. La defensa alegó que los familiares de los internos negaron que hubiera trato degradante, unos testimonios que el fiscal rebatió con el argumento de que si ellos mismos lo hubieran admitido, se habrían “autoculpabilizado”.
Respecto a los supuestos abusos sexuales de los dueños hacia la residente Juana T., Gimeno sostuvo que “se aprovecharon de su demencia y tuvieron comportamientos de naturaleza sexual”. La defensa calificó las declaraciones de dos testigos que supuestamente vieron los hechos como “poco fiables” por las “continuas contradicciones” sobre el lugar y la forma de los actos.